Los subsidios que entrega el Gobierno Nacional por medio de programas como Familias en Acción están siendo utilizados para presionar a los beneficiarios con el fin de que en las elecciones de Congreso y presidente de la República voten por los partidos afines al uribismo. Así lo denunció un grupo de ONG internacionales, liderado por Global Exchange, que realizó una misión de observación preelectoral en Antioquia, Córdoba, Santander y Valle del Cauca.
“Escuchamos esta denuncia más en Medellín, donde representantes de Acción Social les han comentado (a los beneficiarios), primero que si no hay reelección del presidente Uribe van a perder sus subsidios y más reciente que si el señor Juan Manuel Santos no gana entonces ellos van a perder sus subsidios, y en esas zonas donde la gente es muy pobre no lo van a denunciar, porque van muy contentos porque están recibiendo sus subsidios”, aseguró John Lindsay-Poland, codirector para América Latina y el Caribe de Fellowship of Reconciliation, una de las ONG que participó en el proceso de observación. Su tarea fue analizar la situación preelectoral en el departamento de Antioquia.
Ted Lewis, coordinador de la misión y director de Derechos Humanos de Global Exchange, agregó que este es un informe preliminar y que las conclusiones de los estudios se darán a conocer el próximo 7 de marzo, una semana antes de que se cumplan las elecciones de Congreso, Parlamento Andino y las consultas internas de los partidos Verde y Conservador.
Ante el informe, el director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Diego Molano, aseguró que no conocía de las denuncias realizadas por las ONG y de paso invitó a los beneficiarios de los programas de la entidad “a votar libremente en los comicios de marzo y mayo, a no dejarse presionar por los que intentan condicionar nuestros servicios al respaldo de determinados candidatos y a denunciar a todas las personas que pretenden sacar provecho político de las necesidades de los ciudadanos vinculados a nuestros programas sociales”.
El funcionario agregó que el único caso que conocen al respecto es uno que se presentó en Barbosa (Santander) y que ya está siendo analizado dentro de la entidad para que después, en caso de que lo amerite, pase a las autoridades competentes.
Elisabeth Ungar, de Transparencia por Colombia, llamó la atención sobre el incremento que ha tenido en los últimos días la publicidad de este programa presidencial.
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